El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado a la Comisión Europea que refuerce y amplí­e en la regulación de las ayudas de Estado las exenciones que tienen los apoyos públicos para la inclusión de las personas con discapacidad en áreas como el empleo y la formación.
Estas exenciones suponen que los Estados miembro no tengan limitaciones o que su umbral sea mayor en la asignación de ayudas públicas para el fomento o promoción de objetivos sociales, como la mejora de la empleabilidad o la inserción laboral de las personas con discapacidad. En las propuestas planteadas por el Cermi a la consulta pública abierta por la Comisión Europea sobre el proyecto de revisión de las exenciones del Reglamento General de Ayudas de Estado, el comité solicita que se amplí­e el catálogo actual de exenciones a las ayudas para favorecer la accesibilidad de los entornos formativos y laborales, “no incluidas en la regulación actual y que ahora es objeto de revisión”.

De este modo, quedarí­an exentas las ayudas públicas a la accesibilidad del entorno laboral, como una serie de medidas que garanticen el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad al entorno fí­sico de trabajo o de formación; al transporte por motivos de trabajo; y a la información, las comunicaciones y la comprensión, incluyendo la información y las herramientas de comunicación, materiales, tecnologí­as y sistemas en el entorno de trabajo. En cuanto a las ayudas a la formación, el Cermi plantea el incremento en 20 puntos porcentuales de la intensidad de la ayuda de los gastos subvencionables para costear las medidas de accesibilidad dirigidas a la formación de personas con discapacidad.

Por otra parte, en su examen del proyecto de revisión sometido a consulta por la Comisión Europea, el Cermi valora, como “aspecto positivo”, la incorporación de disposiciones especí­ficas sobre discapacidad, ya que el nuevo texto propuesto contiene una referencia expresa a la Convención de la ONU, tal como se refleja en el considerando 54, que acomoda la definición de “trabajadores con discapacidad” con la noción de persona con discapacidad del artí­culo 1 del tratado internacional. Asimismo, al Cermi le resulta “positivo” que las ayudas estatales para las personas con discapacidad hayan quedado exentas de limitaciones al gasto en ayuda estatal anual, es decir, el umbral del 0,01% del Producto Interior Bruto (PIB) y 100 millones de euros del Estado miembro del que se trate.