La Policí­a Local de las Palmas de Gran Canaria ha denunciado a dos conductores que usaban tarjetas de PMR de manera fraudulenta para aparcar en estacionameintos reservados.

Agentes de la Policí­a Local de Las Palmas de Gran Canaria han detectado y denunciado a dos conductores por el uso irregular de las tarjetas para personas con movilidad reducida (PMR), que habilitan el estacionamiento en los reservados para personas con discapacidad. A ambos conductores se les han imputado delitos de falsedad documental y usurpación del estado civil, respectivamente, por el uso fraudulento de estos documentos. La Policí­a Local ha registrado un aumento de estos casos en los últimos meses y por eso se han aumentado los controles sobre este tipo de autorizaciones especiales que concede el Gobierno de Canarias.

En el primero de los casos denunciados, una vecina de la Isleta fue sorprendida por dos agentes en una comprobación rutinaria tras observar cómo esta estacionaba en zona reservada para personas con discapacidad y colocaba una tarjeta PMR en el salpicadero de su vehí­culo. De esta forma, los agentes detectaron que el documento no era suyo sino de su marido, el cual habí­a fallecido hací­a casi un año, aunque ella, supuestamente, seguí­a aprovechando el uso del documento.

Durante la misma mañana, en otra comprobación rutinaria llevada a cabo en la zona reservada a personas con discapacidad del Hospital Insular, otros agentes detectaron una tarjeta PMR que correspondí­a a una persona que habí­a fallecido dos años atrás, pero es que además la misma tarjeta habí­a sido manipulada para contener la foto y los datos identificativos del conductor que la estaba utilizando actualmente y que no está autorizado para ello, hecho que los agentes contrastaron en la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, órgano que expide los documentos originales. A ambos conductores se les han incoado diligencias que serán remitidas a la autoridad judicial por la comisión de un posible delito de usurpación de la identidad en el primer caso, y un delito de falsedad documental en el segundo. Al margen de estas actuaciones, los agentes de la Policí­a Local retiran diariamente tarjetas irregulares y fotocopias que, aunque no constituyen delito, sí­ son objeto de sanción administrativa.