El Instituto Nacional de la Seguridad Social obliga a una mujer enferma de cáncer de mama a trabajar a pesar de tener una dispacidad reconocida del 41 por ciento.

La afectada -que fue cajera en un hipermercado- acaba de perder el juicio contra el organismo público que la considera “apta” para seguir desarrollando cualquier tipo de trabajo. Los informes médicos de la Junta de Andalucí­a desaconsejan que haga esfuerzos con los brazos por su cáncer de mama. Tres veces en semana acude a consulta para seguir el tratamiento. A R., que tiene 35 años, no le renovaron el contrato tras comunicar en su empresa que padecí­a cáncer.

Estuvo varios meses cobrando la baja laboral por la mutua pero al acabar la ayuda la Seguridad Social consideró (en base al informe del tribunal médico) que no se debí­a declarar la “incapacidad permanente” por las secuelas que le habí­a dejado la enfermedad. R. cuenta con los informes médicos, incluso avalados con un escrito por la Asociación Española Contra el Cáncer. Casada y con dos hijos pequeños (de 3 y 5 años), la familia apenas tienen ingresos económicos para poder hacer frente a los gastos corrientes y el pago de la hipoteca.

Tras demandar a la Seguridad Social, y esperar un año la celebración del juicio, la magistrada de lo Social número 12 de Málaga -que ha instruí­do el caso- ha dictaminado a favor del organismo público que la obliga a trabajar. Una vista oral que apenas duró cinco minutos “y donde la jueza ni me miró a la cara”, según denuncia la mujer. El caso de R. no es aislado. Son muchos los enfermos de cáncer que, a pesar de los informes médicos que desaconsejan que vuelva al trabajo, deben regresar a su empleo con el riesgo de que las secuelas y el esfuerzo provoquen un empeoramiento de la afectada.