La Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha comunicado que ha presentado mediante una denuncia al fiscal general del Estado, Torres Dulce, ante las graví­simas manifestaciones que, sin demostrar, ha realizado el director general de dependientes, Juan José Garcí­a Ferrer.

En la denuncia, se solicita el amparo del Fiscal General del Estado para que inste a los responsables autonómicos a aclarar los casos detectados de fraude y en caso contrario abra las diligencias oportunas ante los posibles delitos de atentado contra el honor que se pudieran haber producido hacia los beneficiarios de la Ley de Dependencia de esa Comunidad.

Los dependientes de Castilla-La Mancha están «hartos» de los continuos ataques, vejaciones, descréditos y, en ocasiones, «insultos», a los que periódicamente los somete el Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por la secretaria general del PP, Marí­a Dolores Cospedal, según reconoce el presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, José Luis Gómez-Ocaña. Hartazgo que ha llevado a esta asociación a denunciar la «insostenible situación» ante la Fiscalí­a General del Estado que dirige Eduardo Torres-Dulce.

Los hechos denunciados por los dependientes se basan en las declaraciones realizadas por el director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes, Juan José Garcí­a Ferrer, quien, entre otras perlas, dijo: «el PSOE mantuvo en el sistema a más de 1.000 fallecidos, incorporó a más de 1.200 personas con DNI falsos o erróneos y pagó indebidamente prestaciones ”“incumpliendo la legalidad”“ a más de un millar de personas».