CERMI Comunidad de Madrid estima que la Administración regional “no muestra ningún tipo de sensibilidad” hacia los alumnos con discapacidad más vulnerables y tilda de “lamentable” la situación en la que se encuentran los Técnicos en Integración Social, los Diplomados Universitarios en Enfermerí­a (DUEs) y los fisioterapeutas con más experiencia en la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales que prestan servicio en centros de la Comunidad de Madrid, puesto que, precisamente, el Ejecutivo regional tiene previsto prescindir de sus servicios amparándose en la última reforma laboral, que prohí­be encadenar contratos temporales por obra y servicio a los trabajadores por encima de un perí­odo de tiempo superior a los 24 meses.

Precisamente, CERMI Madrid rechaza la decisión de la Comunidad de prescindir, a partir de este curso escolar, de estos profesionales, muchos con hasta 15 años de experiencia en la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, dado que esta situación es “perjudicial” para el colectivo de alumnos con discapacidad y no tiene justificación alguna más que la de perjudicar a un sector del alumnado muy vulnerable.

A juicio de CERMI Madrid, entre las graves consecuencias que acarreará esta decisión, se encuentran las tres siguientes: La pérdida de personal especializado para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, la incorporación de profesionales con poca experiencia que no conocen las rutinas de los alumnos ni sus patologí­as y la dificultad de dar continuidad a las propuestas educativas que están en marcha, como consecuencia de la inestabilidad y la movilidad laboral de los profesionales, debido a que, con esta decisión de la Administración, se fomentan las intervenciones inmediatas y cortoplacistas que impiden un adecuado progreso educativo del alumno, en ocasiones.

Asimismo, CERMI Madrid considera que estas consecuencias son muy perjudiciales para las personas del colectivo, pues suponen un claro retroceso en las mejoras educativas alcanzadas hasta ahora, una pérdida de calidad en la educación de estos alumnos y un atentado contra los preceptos de la legislación educativa vigente en nuestro paí­s. Precisamente, en el artí­culo 71 de la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) se contempla que “las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así­ como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley”, pero lejos de referirse solamente a la presencia de dichos recursos, en su artí­culo 72.1, se profundiza aún más sobre la cuestión, dado que recoge que “para alcanzar los fines señalados en el artí­culo anterior, las Administraciones educativas dispondrán del profesorado de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, así­ como de los medios y materiales precisos para la adecuada atención a este alumnado”.

Para CERMI Madrid, la presencia de esos profesionales cualificados, tanto a través de su titulación, como su formación y experiencia de años en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales será lo que se perderá con las medidas impulsadas desde la Comunidad de Madrid.

En la misma dirección, otras disposiciones normativas, aún vigentes en la Comunidad de Madrid, contemplan igualmente directrices claras sobre la calidad de la atención educativa del alumnado con discapacidad. En este sentido, el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales recoge en su artí­culo 5, sobre garantí­as para la calidad de la enseñanza, que “se adoptarán la medidas que sean precisas en lo que concierne a la cualificación y formación del profesorado, la elaboración de los proyectos curriculares la programación docente, la dotación de medios personales y materiales, la promoción de la innovación e investigación educativa y la adaptación, en su caso del entorno fí­sico” para el alumnado con necesidades educativas especiales. Igualmente también establece que “los planes provinciales de formación permanente del profesorado incluirán entre sus prioridades las relacionadas con la actualización y formación del profesorado y demás profesionales a que se refiere el presente Real Decreto”.

Precisamente, todo lo anterior redunda en la idea de la necesidad de formación y actualización del profesorado y el resto de profesionales que trabajan con alumnado con discapacidad. Sin embargo, todos los esfuerzos en formación y especialización llevados a cabo por la Comunidad en los últimos años habrán sido en vano si los profesionales que se han beneficiado de ellos, y que han trabajado a diario poniendo sus conocimientos al servicio del alumnado con discapacidad, son abocados a dejar sus puestos de trabajo para pasarlos a las manos de profesionales con menor cualificación, formación y lo que es peor aún, nada de experiencia.

Por todo lo anterior, desde el CERMI Comunidad de Madrid instamos a la Comunidad de Madrid a replantearse las actuaciones referidas a la contratación del personal de atención al alumnado con necesidades educativas especiales en aras de asegurar la calidad educativa e igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad.