Aproximadamente 200 millones de europeos poseen ya la tarjeta sanitaria europea, un 4% más que en 2012, lo que representa más de la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea (UE), según datos facilitados por la Comisión Europea.

“Ahora que mucha gente se dispone a disfrutar de sus vacaciones de verano, es positivo observar que cada vez son más los que llevan la tarjeta sanitaria europea. Gracias a ella pueden recibir el tratamiento necesario cuando viajen dentro de la Unión Europea y en Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. El número cada vez mayor de ciudadanos que obtienen la tarjeta demuestra la confianza en el sistema de la tarjeta sanitaria europea y el reconocimiento de la protección que proporciona”, explicó Lászlo Andor, comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la UE. La tarjeta sanitaria europea, que los ciudadanos pueden adquirir gratuitamente por la institución nacional del seguro de sanidad de sus respectivos paí­ses, acredita que una persona tiene derecho a que el tratamiento médico que resulte necesario durante una estancia en un paí­s extranjero le sea prestado por el sistema de sanidad pública de ese paí­s en las mismas condiciones y al mismo coste que a los ciudadanos nativos.

Los hospitales que prestan servicios de salud pública están obligados a reconocer la tarjeta sanitaria europea. De hecho, en la gran mayorí­a de los casos no encuentran ningún tipo de impedimento. Sin embargo, se ha registrado algún tipo de problema fruto del desconocimiento por parte de los profesionales de salud. Por ese motivo, la Comisión Europea y los Estados miembros se comprometen a seguir informando sobre ella tanto a los médicos como a los ciudadanos. Si la tarjeta no es aceptada, los pacientes deben ponerse en contacto con la autoridad sanitaria competente del paí­s visitado. En caso de nueva denegación, deben solicitar ayuda a las autoridades de su paí­s de origen.

Por último, si siguen teniendo problemas, deben dirigirse a la Comisión Europea, que puede investigar las denuncias y plantear la cuestión a las autoridades del paí­s de que se trate. La Comisión investiga tales casos y, cuando sea necesario, se abren procedimientos de infracción contra los Estados miembros.