Las comunidades autónomas tendrán que certificar a partir del 1 de enero de 2014 en qué han gastado el dinero que el Estado les ha trasferido para desarrollar el Sistema para la Autonomí­a y Atención a la Dependencia (SAAD) a través del nuevo sistema de información.

Una medida que ya se acordó en el Consejo Territorial de Dependencia de julio de 2012 y a la que ahora el Consejo de Ministros ha dado luz verde en un Real Decreto que regula el nivel mí­nimo de protección de las personas con dependencia. La financiación del nivel mí­nimo de protección corresponde a la Administración General del Estado y los criterios de asignación a las autonomí­as. Así­, “para mejorar la transparencia del sistema”, según la referencia del Consejo, el Real Decreto establece que las autonomí­as emitirán distintos certificados “que acrediten los datos que se introducen en el nuevo sistema de información”.

Además, con el texto aprobado por el Ejecutivo, los créditos de nivel mí­nimo se transferirán mensualmente en función del número de beneficiarios con derecho a prestación, del grado de dependencia y del tipo de prestación que reciben los usuarios. Hasta ahora solo se tení­a en cuenta el número de beneficiarios por cada grado de dependencia. Con estos acuerdos “se contribuye a la ordenación, simplificación y actualización del desarrollo normativo competencia del Estado sobre la ley de la dependencia”.

El último Consejo de Ministros del año también dio luz verde a otro Real Decreto que regula los servicios y las prestaciones para las personas dependientes, así­ como los requisitos para acceder a los mismos. La medida impide, entre otras cosas, que un beneficiario perciba a la vez prestaciones económicas y servicios profesionales, salvo en el caso de la teleasistencia. Por otro lado, el Gobierno autorizó ayer contratos de obras de carreteras y autoví­as en las provincias de Barcelona, Girona, Murcia, Salamanca, y Sevilla, por más de 382 millones de euros.