La mayorí­a de las personas con discapacidad ví­ctimas de delitos son hombres, un dato que sorprende, habida cuenta de que hay más mujeres con discapacidad y de que entre la población en general el dato es al revés.

Entre 2008 y 2010 la Guardia Civil trató con 450 personas relacionadas con infracciones penales (delitos y faltas), de las cuales el 60% eran ví­ctimas y el resto autores. En ambos casos los hombres eran mayorí­a, sobre todo cuando se trata de los autores (129 hombres frente a 19 mujeres); pero también las ví­ctimas principales lo son, aunque en menor medida (154 hombres por 111 mujeres). El resto eran testigos, colaboradores o comunicantes de delitos.

El capitán psicológico de la Guardia Civil, José Luis González, que ha presentado estos datos, se ha mostrado cauteloso con ellos toda vez que el estudio es aún un proyecto piloto. “Hay más mujeres con discapacidad y menos ví­ctimas que hombres. Quizá estamos ante una cifra negra, es decir, que a lo mejor entre las mujeres no se denuncia todo, porque entre la población en general ellas son más ví­ctimas de delitos que ellos”. Lo mismo ocurre con los jóvenes con discapacidad, donde se producen más intervenciones de la Guardia Civil, a pesar de que hay más discapacitados entre los mayores.

El estudio se ha presentado esta mañana, junto con una guí­a para la intervención de estos agentes cuando se trata de personas con discapacidad, en unas jornadas organizadas por la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, la Guardia Civil y la Fundación Mapfre. Los datos facilitados revelan que el 30% de estas intervenciones corresponden a tareas de auxilio, rescate o accidentes, mientras que un 21% son infracciones penales, otro tanto son casos de desapariciones o hallazgos y una cifra parecida tiene que ver con infracciones administrativas, identificaciones, inspecciones. En un 11% de los casos se trata de delitos sexuales, abusos o violaciones. El capitán González ha recordado que la Guardia Civil no tiene datos de las capitales de provincia ni de comunidades como el Paí­s Vasco, Cataluña o Navarra, que tienen cuerpos de seguridad propios.

En estas jornadas de la Unidad de Atención a Ví­ctimas con Discapacidad Intelectual se ha presentado una guí­a para la mejora de las intervenciones de los guardias cuando se dan casos en los que está implicada esta población. “Hay mitos que no deben seguir existiendo”, ha dicho Alberto Alemany, uno de los expertos, entre los que ha puesto como ejemplo la creencia generalizada de que los discapacitados intelectuales mienten cuando denuncian estos hechos, o no son capaces de regir sus vidas. “Tampoco es cierto que carezcan de sexualidad, como se empeñan algunas familias o, todo lo contrario, que tengan una sexualidad desaforada”, ha explicado. “El problema es que no se les enseña en los comportamientos sexuales como al resto de la gente”, ha añadido.

Alemany ha insistido en la necesidad de que el anteproyecto de ley del Estatuto de la Ví­ctima recoja la figura del facilitador, la persona que ha de atender, orientar y mediar para garantizar la justicia en los casos en que estén implicados los discapacitados intelectuales, tanto si son ví­ctimas como testigos.

Otro experto, el profesor Antonio Manzanero, psicólogo del comportamiento de la Complutense, ha referido los datos de un estudio en el que se pone de manifiesto que estas personas, en las condiciones normales de una rueda de reconocimiento de delincuentes, “tienen más problemas para identificar a un desconocido”. Por esa razón, ha insistido en la necesidad de favorecer otras medidas que les ayuden, por ejemplo que la identificación sea mediante fotografí­as, porque se ponen menos nerviosos y que se les dé instrucciones previas precisas sobre la importancia del error, las distintas posibilidades de respuesta o se trate con un lenguaje adaptado.