El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) está estudiando personarse como acusación, en nombre de toda la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, en el proceso penal que se abra como consecuencia de la desarticulación en Madrid de una trama delictiva que se dedicaba a la trata de personas con discapacidad extranjeras para el ejercicio de la mendicidad organizada.

Tanto el Cermi estatal como el regional de Madrid consideran que estas conductas son “absolutamente condenables” y que merecen por tanto “el máximo reproche que contemple la legislación penal española”.

En la trama, explicó este lunes el Cermi estatal, no solo se usa indebidamente la imagen social de las personas con discapacidad, “sino que personas con discapacidad concretas han visto violados sus derechos humanos más básicos, para alimentar la avidez lucrativa de redes criminales”.

Por eso, prosiguió el Cermi estatal, como mecanismo independiente para el seguimiento de la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “instará a la acción de la Justicia para la persecución y castigo de estas presuntas prácticas delictivas”. Y se personará directamente, además, en el procedimiento penal como acusación, si las normas procesales lo permiten, o apoyando la labor del Ministerio Fiscal, como acusación pública.

Los ocho ciudadanos rumanos que fueron detenidos quedaron en libertad tras ser puestos a disposición judicial, aunque con la obligación de acudir al juzgado cada quince dí­as, acusados de integración en grupo criminal.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, que estaba en funciones de guardia cuando los arrestados pasaron a disposición judicial, decretó su libertad, después de que la Fiscalí­a no solicitase prisión para ninguno de ellos.

El juez les dejó en libertad con la obligación de presentarse en el juzgado el dí­a 1 y 15 de cada mes, acusados de un delito de integración en banda criminal.

Cinco de los arrestados tienen diferentes antecedentes, algunos por delitos relacionados con derechos de los trabajadores, detención ilegal, prostitución y robos con fuerza, según ha precisado la Jefatura Superior de Policí­a.

El Samur Social ofreció alojamiento y manutención a los diez afectados, tres de ellos menores de edad, pero rechazaron la ayuda, ha confirmado la Concejalí­a de Asuntos Sociales. Fuentes de la investigación han precisado que la mayorí­a de las ví­ctimas ha vuelto al piso del distrito de Puente de Vallecas en el que dormí­an en condiciones infrahumanas, después de “trabajar” durante doce horas, alegando que en realidad no les “maltrataban”.