Un 34% de las sentencias condenatorias dictadas en España el año pasado lo fueron por delitos contra la seguridad vial, por delante de los delitos contra el patrimonio (21%) y los relacionados con la violencia sobre la mujer y doméstica (9%), según aseguró este lunes la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Madrigal explicó el contenido de la Memoria de la Fiscalí­a General del Estado correspondiente a 2014 y aprovechó para adelantar algunos datos recabados por el Ministerio Fiscal el año pasado. Así­, comentó que en 2015 se impusieron en España 83.271 sentencias condenatorias por delitos contra la seguridad vial y 51.320 por delitos contra el patrimonio, que concentran el grueso de las condenas. Apuntó que los delitos contra la seguridad vial fueron los que dieron lugar a un mayor número de escritos de acusación de los fiscales (81.321), seguidos de los delitos contra el patrimonio (65.327), las lesiones (45.405) y los delitos contra la Administración de Justicia (22.104). Destacó el quebrantamiento de condena dentro de estos últimos. Además, Madrigal recalcó que el 54% de las calificaciones de los fiscales en las diligencias urgentes se producen por delitos contra la seguridad vial. Por otro lado, Madrigal comentó que el 90% de las condenas han conllevado la privación del derecho a conducir, con lo que “transmiten un mensaje de eficacia y prontitud en la aplicación de la ley y refuerzan la conciencia del riesgo vial”. Madrigal comentó que, debido a “la estabilización de las cifras de siniestralidad”, las administraciones deben dedicar sus esfuerzos a elaborar “un plan o estrategia nacional” que incluya “la educación viaria y la sensibilización respecto al uso razonable de peatones, ciclistas, motoristas y conductores”. Por último, la fiscal general del Estado mostró su preocupación por el hecho de que la última reforma de los delitos imprudentes en el Código Penal y la ley sobre indemnizaciones del seguro por daños en accidentes de tráfico puedan provocar “situaciones de desprotección que empiezan a detectarse y a las que el fiscal trata de subvenir con una tutela penal proporcionada de los bienes jurí­dicos en juego: vida e integridad fí­sica y con la garantí­a de los derechos de las ví­ctimas, cuyo presupuesto fundamental es la negociación en condiciones de igualdad con las compañí­as aseguradoras”.