Un juez anula la reducción de ayudas de la Generalitat a una entidad social
Un juzgado de Valencia ha dado la razón a la asociación Asprona y ha anulado la minoración de una subvención que le fue concedida por el Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) y que la entidad no justificó a tiempo porque, según alegó, la Administración no cumplió con su obligación de anticipar parte del importe.
La sentencia señala que la Generalitat concedió a través del IVAS en verano de 2012 a Asprona una subvención de 43.145 euros para estancias vacacionales de ese año. La obligación de la entidad era justificar los gastos antes del del 15 de octubre de 2012. Sin embargo, la entidad no cumplió el plazo y la Consejería de Bienestar Social acordó minorar la ayuda concedida en 12.994 euros. El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) alegó que es ese momento la entidad carecía de liquidez siquiera para pagar las nóminas de su personal debido a los retrasos en los pagos de la Generalitat. Y aunque la actividad se efectuó en agosto sin el anticipo previsto en la subvención, los pagos fueron liquidados con retraso. Algunas facturas no se pagaron hasta el año siguiente.
Impagos del Consell. La sentencia indica que a lo largo del expediente la entidad beneficiaria de la subvención justificó los gastos realizados, “si bien con evidente retraso”, pues aportó justificantes de pagos efectuados en junio de 2013, fuera del plazo establecido en la resolución. La entidad recurrió alegando que el retraso no fue imputable a ella, sino a la Administración, que incumplió su obligación de anticipar el 40% del importe. El juzgado valenciano aplica la doctrina del Tribunal Supremo y estima el recurso a Asprona al haber justificado el gasto de la subvención concedida, “aun cuando se justificara y realizara el desembolso fuera de plazo”. “Lo cierto es que el dinero gastado fue invertido en las actividades de vacaciones de 2012”, señala.
Por último, el Cermi aplaudió en un comunicado que la sentencia “viene a poner orden y a descriminalizar a las asociaciones que no pudieron cumplir las exigencias de sus acometidos por culpa de los impagos y enormes retrasos de la Generalitat”. La entidad llamó a la a la Generalitat a extraer lecciones de la sentencia, ya que la situación de las subvenciones “no ha mejorado significativamente”.