Los derechos de las personas con discapacidad se han visto ‘gravemente afectados’ por los planes de austeridad europeos, según las conclusiones del estudio sobre el ‘Impacto de los planes de austeridad de los gobiernos europeos y de España sobre los derechos de las personas con discapacidad’, presentado este martes en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España.

Comisionado por el Consorcio Europeo de Fundaciones sobre Derechos Humanos y Discapacidad, el informe recoge que, aunque las estadí­sticas y datos actuales que permiten la formulación e implementación de las polí­ticas de discapacidad son aún ‘muy escasos’, se ha identificado una amplia gama de medidas de austeridad que han tenido un impacto ‘muy negativo’ sobre los mecanismos de promoción y protección de las personas con discapacidad. La directora adjunta de la Representación de la Comisión Europea en España, Sarah Lambert, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, a los que indicó que el objetivo de los gobiernos europeos ‘debe seguir siendo el crecimiento, el empleo y la integración social’.

Asimismo, tras la presentación de Lambert, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, abordó la situación de las personas con discapacidad, de la que declaró que, a raí­z de la crisis, se ha producido “un cambio que ha perjudicado a este colectivo”. Durán señaló como los más perjudicados por el contexto económico a las mujeres y a los jóvenes con discapacidad, de los que dijo que atraviesan una situación “dramática”, y manifestó la importancia de concienciar a la sociedad, junto con las administraciones públicas y agentes privados, para que los ajustes se hagan “con solidaridad e inteligencia, y esto no redunde en los más desfavorecidos”.

Por último, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, centró su intervención en los retos futuros de la discapacidad que, a su juicio, pasan por “mantener las cuotas de inclusión de derechos y bienestar alcanzados, hacer una toma de conciencia que favorezca la activación del colectivo y revisar las polí­ticas de discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos”.