Sólo Castilla y León, Asturias…

Mujer con una niña y un niño en silla de ruedasLos efectos de los recortes aumentan sus cifras negativas. Así­, y en tan solamente un mes, España pierde la cotización de 146.363 cuidadores familiares a la Seguridad Social, según datos de la Tesorerí­a facilitados por el Observatorio para la Dependencia. Según los datos de la Asociación Estala de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, las estadí­sticas a 1 de diciembre revelan un empeoramiento de la cobertura asistencial de las personas con discapacidad y mayores.

Hay 2.262 beneficiarios menos de la Ley de Dependencia en España, un descenso que se debe a los fallecimientos y la falta de reposición. Castilla y León es de las pocas comunidades que se escapan de esta estadí­stica ya que, junto a sólo Asturias y Galicia, ha ganado beneficiarios, concretamente 1.054 el último mes hasta alcanzar los 62.108 y es el segundo mes que crece tras el parón del verano; pero la mayorí­a de las autonomí­as tienen un saldo negativo.

«Seguramente lo que ha ocurrido es que estos beneficiarios han fallecido y ni siquiera de ha destinado el ahorro que eso supone para dar esa prestación o servicio a una de las 230.203 personas que se encuentran en el ‘limbo de la dependencia’, esto es personas a las que se les ha reconocido el derecho pero no se les ha dado ninguna prestación o servicio que le corresponde (3.724 en Castilla y León según datos de noviembre). Esto indica que ni siquiera se mantiene la tasa de reposición, es decir se atiende a los que están en el sistema pero los que están en la lista de espera o los que pudieran venir no se les garantiza el derecho», destaca la asociación.

El único dato positivo, según esta organización, «es que la lista de espera baja en 1.651 personas, pero es un espejismo estadí­stico ya que la tasa de reposición no se mantiene, o han sido incluidos en el sistema adquiriendo la plaza o prestación de un beneficiario que falleció o probablemente murieron en ese mes sin haber sido atendidos por el Sistema de la Dependencia. En cualquier caso, los dos años y medio de plazo que las comunidades pueden aplicar después del Real Decreto de 15 de julio hará que decenas de miles de personas con derecho mueran sin ser atendidas. Los fallecimientos financian el déficit del Estado», concluye.