España se sitúa, junto a Italia, Grecia, Portugal, Polonia, Eslovaquia y Chequia, a la cola de Europa en cuanto a prestaciones públicas por dependencia, según pone de manifiesto un estudio sobre dependencia y modelos presentado ayer en Madrid.

Concretamente, el trabajo lo dieron a conocer Kai Leichsering, del Centro Europeo de Polí­ticas de Bienestar Social e Investigación, y Astrid Lindstrom, experta en polí­ticas de atención a personas mayores, en las II Jornadas Internacionales sobre Atención a la Dependencia, que se desarrollan desde ayer en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iguadlad.

Asimismo, el informe señala que los citados paí­ses tienen una “regulación precaria” de las prestaciones públicas por dependencia y que invierten alrededor de un 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB).
Esto implica, aseguraron los ponentes, “una gestión pública baja, una atención poco profesional que supone un mercado sumergido sobre todo para los inmigrantes en España y acceso complejo de las prestaciones”.
Según explicaron, “es una evidencia” que los ciudadanos del norte europeo, como es el caso de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, “están asistidos de un sistema público universal, alto nivel de integración de las prestaciones, fácil acceso y con una prevalencia de cuidados con financiación pública muy elevada”.

Así­, añadieron, la economí­a sumergida en este sector de cuidados en la dependencia es “muy baja” y con un gasto público cercano al cuatro por ciento del PIB. En segundo lugar y con un gasto de PIB que supera el tres por ciento se sitúan Bélgica y Paí­ses Bajos, “con prestaciones extensas y estructura mixta de proveedores, alta profesionalización en la atención y fácil acceso de los ciudadanos a las prestaciones”. El trabajo alude también a los llamados sistemas mixtos de Estado-mercado, situados en Irlanda, Reino Unido y Suiza, “donde la definición de dependencia es restrictiva, con una profesionalización de atención variable y de difí­cil acceso”. En función de los datos aportados por Miguel Montero, sociólogo experto en polí­ticas europeas de atención a la dependencia, el gasto en los paí­ses citados se sitúa entre el 0,8% y el 1,4% del PIB y la economí­a sumergida en este sector abarca un porcentaje “mediano”. “En otro grupo desigual con baja financiación pública, prevalencia de los cuidados informales y sistemas basados en la familia”, hay que ubicar, dice Montero, a Austria y Alemania, “con una regulación estrecha de las prestaciones, con profesionales de nivel bajo o medio, acceso a las prestaciones difí­cil y con una economí­a sumergida a nivel medio”. El gasto público aquí­ no supera el 1,2% del PIB.

Por último, las II Jornadas Internacionales sobre Atención a la Dependencia, que se clausuran hoy, están organizadas por la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomí­a personal.