El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) firmaron esta semana un acuerdo de colaboración por el que promoverán la inclusión de las personas con discapacidad, así­ como aquellas en situación de discriminación en igualdad de trato y de oportunidades en aquellas esferas relacionadas con los servicios y empleados públicos.

Precisamente, a través de este acuerdo, suscrito por el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, y por el presidente de CSI-F, Miguel Borra Izquierdo, que tiene una vigencia de cuatro años, CSI-F tendrá en cuenta las polí­ticas de la discapacidad como un referente a la hora de planificar, definir y aplicar sus distintas lí­neas de acción transversal en las diferentes mesas de negociación de las que forma parte y en sus ámbitos de competencia como central sindical más representativa entre los empleados públicos. Tanto para el Cermi como para la CSI-F, la igualdad de trato y oportunidades es un asunto de referencia que asumirán como lí­nea de acción en sus respectivas agendas institucionales. Así­, ambas organizaciones intercambiarán las necesidades, demandas y propuestas de los empleados públicos con discapacidad y sus familias para defenderlas de cara a las diferentes administraciones.

Asimismo, en concreto, los ámbitos a los que hace referencia este punto es el acceso al empleo público, la formación, progresión y promoción de profesionales; las condiciones laborales o salariales de empleados públicos con discapacidad; lucha contra la discriminación de los empleados públicos por razón de discapacidad y promoción de la accesibilidad en los espacios, entornos, procesos y relaciones propias de las Administraciones Públicas; o la protección social de los empleados públicos con discapacidad y de sus familias.

Por último, también apunta al asesoramiento jurí­dico y acompañamiento de empleados públicos con discapacidad en casos de discriminación, vulneración de derechos o ausencia de igualdad de oportunidades; así­ como a la formación de empleados públicos en materias de atención, trato, inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad e igualdad de trato y de oportunidades en sus relaciones con las administraciones públicas.