El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) planteó ayer a los Grupos Parlamentarios del Congreso que promuevan iniciativas normativas para que los ingresos del Estado derivados de cuentas bancarias inactivas durante largos periodos, conocidas coloquialmente como ‘durmientes’, se destinen a financiar programas de inclusión social de sectores especialmente vulnerables desarrollados por entidades no lucrativas.

Según dispone la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, corresponden a la “Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así­ como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años”, recuerda este Comité.

El Cermi pide la revisión de esta normativa, que, en su opinión, ha quedado “obsoleta”, en la lí­nea de lo que acaban de hacer paí­ses como Reino Unido, que han reformado su legislación para aplicar estos recursos a fines sociales a través de la creación de un fondo de inversión social denominado ‘Big Society Capital’.

Como primera medida, el Cermi reclama rebajar de 20 a 10 años el plazo en el que las cuentas han de estar inactivas, de modo que pasen a ser propiedad del Estado mucho antes. El Cermi recuerda que en Reino Unido, por ejemplo, esta cifra se reduce a tres ejercicios sin movimientos en una cuenta bancaria.

Además de la reducción del periodo temporal, el Comité que representa al sector de la discapacidad reclama que esas cantidades no se ingresen en el Tesoro Público, donde se difuminan y pierden impacto, sino que tengan carácter finalista para financiar proyectos sociales de inclusión de grupos vulnerables desarrollados por entidades del tercer sector. “Se tratarí­a de incrementar los recursos públicos para fines sociales, en momentos crí­ticos como los actuales, aflorando nuevas ví­as de ingresos”, concluye el Cermi.