El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para mejorar el sistema de regulación de la contratación de trabajadores con discapacidad a que están obligadas por ley las empresas con 50 o más empleados en sus plantillas.

En concreto, UPyD plantea que se mejore la regulación de las medidas alternativas a la contratación de trabajadores con discapacidad a las que pueden obtar dichas empresas (las que tienen 50 o más empleados), para que estas medidas se traduzcan en realidad en contratos laborales para personas con discapacidad.

Según argumenta UPyD en la exposición de motivos de su proposición, actualmente, las medidas alternativas, que se supone que son excepcionales, se están convirtiendo en el principal método de cumplimiento de la obligación impuesta por el primer apartado del artí­culo 38 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), que es el que establece la obligatoriedad de contratar a empleados con discapacidad para las empresas de 50 o más trabajadores.

Y es que, asegura el grupo de Rosa Dí­ez, las empresas que optan por las medidas alternativas, pueden “formalizar cualquier tipo de contrato de suministro y servicios con un Centro Especial de Empleo, sin que el objeto del contrato tenga relación directa con la mano de obra empleada en su realización por parte de trabajadores con discapacidad”.

Es decir, ejemplariza Unión Progreso y Democracia en su iniciativa, que “se contrata el suministro de cestas de navidad en lugar de contratar trabajadores con discapacidad”. Y para que la excepción no se convierta en norma y, además, en norma poco ejemplarizante, UPyD insta al Gobierno “a realizar las modificaciones legales necesarias para regular las medidas sustitutorias de la obligatoriedad de contratar trabajadores con discapacidad que tienen las empresas”. Dicha regulación, prosigue la proposición no de ley, “contemplará que cuando las empresas recurran a los Centros Especiales de Empleo sigan manteniendo de forma efectiva la misma proporción de contratación de personas con discapacidad”.