El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado al Parlamento que haga efectivo el mandato legal que obliga a que las controversias judiciales en relación con el sistema para la autonomí­a y la atención a la dependencia sean conocidas por la jurisdicción social, y no por la contencioso-administrativa, como ocurre ahora.

Según afirma el Cermi en un comunicado la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Social, aprobada en el año 2011, atribuye a esta jurisdicción los litigios relacionados con la Ley de Autonomí­a Personal y Dependencia, pero aplazó el momento de su aplicación efectiva a lo que dispusiera una Ley que el Gobierno deberí­a remitir a las Cortes tres años después de su promulgación. Esos tres años se cumplieron en diciembre de 2014, por lo que este Comité considera que “es el momento” para que el Parlamento cambie la Ley, con lo que los asuntos litigiosos relativos a la dependencia, como discrepancia con la valoración, concesión o no de grado de dependencia, reconocimiento o denegación de prestación, desacuerdo con las cuantí­as, entre otros, sean competencia real de la jurisdicción social. A pesar de ser un tema netamente social, las controversias de dependencia están atribuidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, “más formalista, gravosa, cara y lenta que la social, lo que dificulta enormemente la protección judicial del derecho subjetivo creado por la Ley 39/2006”, denuncia el Cermi. “Esta regulación impide atacar las malas prácticas de las Administraciones sociales, dejando en buena medida indefensa a las personas en situación de dependencia que no están conformes con las decisiones de los poderes públicos que les perjudican”, concluye.