Magistrados, jueces y fiscales piden que España se adapte a la Convención de la ONU sobre discapacidad en esta legislatura
Magistrados, jueces y fiscales han expresado su esperanza de que el Gobierno central adapte a su ordenamiento jurídico, antes de finalizar la presente legislatura, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU en 2007, lo que, como así han advertido, conllevará importantes reformas, al tiempo que han demandado implementar las medidas económicas necesarias para garantizar los derechos de las personas afectadas por algún tipo de discapacidad.
Son algunas de las reivindicaciones planteadas esta tarde en el transcurso del III Congreso de Protección Jurídica de la Persona con Discapacidad que, organizado por Futudís, se ha celebrado en el salón de actos del Colegio de Abogados de Valladolid y que ha sido inaugurado por la conferencia de Encarnación Roca Trías, magistrada del Tribunal Constitucional. Ésta, en su alocución, ha reconocido la clara evolución registrada en la protección jurídica de los derechos de las personas discapacitadas, tras pasarse de una época en la que se protegía a las personas incapaces por razones básicamente económicas a la actual, en la que se protege todo tipo de discapacidad, con independencia de si la misma impide al afectado gobernarse por sí mismo. En este sentido, la magistrada, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que el ordenamiento jurídico se encuentra muy influido por la Convención de Nueva York de la ONU en esta materia en 2007, que entró en vigor en España al año siguiente, y que, entre otras repercusiones, ha llevado al Tribunal Constitucional a reconocer una protección similar al ‘habeas corpus’ en aquellos casos de personas de la tercera edad internados en contra de su voluntad. “Ya no se puede internar a nadie en contra de su voluntad, salvo que lo determine el juez”, ha incidido Roca Trías, quien se felicita de que cada vez el ordenamiento jurídico es más “sensible” en este tipo de casos, si bien advierte de que muchas veces las reivindicaciones de las personas con discapacidad no son sólo cuestiones jurídicas sino que requieren medidas económicas.
