Las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Baleares y Galicia presentan un alto grado de privatización de sus sistemas sanitarios según reveló el tercer informe sobre ”˜La privatización sanitaria de las comunidades autónomas 2016”™ que hizo público este martes la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp).

La Fadsp aseguró que la privatización del sistema sanitario ha aumentado en todas las comunidades autónomas, pero apuntó a que su estudio pertenece a datos entre fundamentalmente de 2014 y algunos de 2015, por lo que refleja la situación de las comunidades antes de las elecciones autonómicas y aún no se puede valorar la actuación de los cambios de gobierno en algunas comunidades. Las variables que la Fadsp ha estudiado para saber el grado de privatización de las comunidades autónomas son el porcentaje de población cubierta por Mutualidades de Funcionarios, el gasto en seguros privados per cápita, el gasto sanitario de bolsillo per cápita, el porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total, el porcentaje del equipamiento de alta tecnologí­a en hospitales privados sobre el total, el porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados y la presencia de modelos de colaboración público-privada. Atendiendo a estas variables, el resultado demuestra que las comunidades con un alto grado de privatización son Madrid, Cataluña, Islas Baleares y Galicia, mientras que Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria y Andalucí­a presentan un bajo grado de privatización. Sin embargo, la federación destacó que el gasto de bolsillo está relacionado con la riqueza de la comunidad porque identifica fundamentalmente el gasto en prestaciones no cubiertas por el Sistema Nacional de Salud, como la odontologí­a, así­ como el que se realiza en los copagos establecidos por el RDL 16/2012. Por último, Fadsp denunció que la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias dificultó poder encontrar datos homogéneos para todas las comunidades autónomas y lo calificó como un “fraude a la ciudadaní­a que es la que las sufraga con sus impuestos y un incumplimiento notorio de la denominada ley de transparencia”.