El anteproyecto de la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias no ha cumplido con las expectativas de las personas con discapacidad.

Nueve colectivos -Queremos Movernos, la Asociación Comarcal de Integración Social, la Coordinadora de Personas con Discapacidad, la Asociación para la Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad, AFES Salud Mental, Fasican, Funcasor, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias y la Asociación de Sordociegos de Canarias- han decidido presentar alegaciones al texto porque “no da respuesta” a sus demandas”. Quieren más tiempo y “participación real” para que el documento suponga un salto en su calidad de vida. “La ley que se apruebe funcionará durante unos 30 años”, el mismo tiempo que ha estado vigente la actual, por lo que “no puede ser un copia y pega de las propuestas que ha hecho la sociedad civil de manera independiente”, explicó Raúl Cordero, uno de los portavoces. Una de las preocupaciones de las asociaciones que suscriben las alegaciones tiene que ver con la ausencia de una evaluación de los servicios sociales disponibles en el Archipiélago. Las entidades llevan tres legislaturas instando a la administración a elaborar un mapa de los servicios sociales, de manera que los usuarios sepan qué recursos existen y cómo funcionan. Solo a partir de ese diagnóstico serí­a viable redactar una ley ambiciosa que, además, lleve aparejada una ficha financiera. A su juicio, las prisas no han sido buenas consejeras. Según la plataforma, la ley se ha tramitado sin cauces de participación eficaces, a pesar de las reuniones programadas por la Consejerí­a. Reconocen que se ha convocado a todos los sectores, pero lamentan que se haya hecho de forma independiente, sin propiciar un diálogo entre las partes que derivara en la construcción de una norma nueva y eficaz.