Con independencia de la insuficiencia de recursos para litigar, el Anteproyecto incluye entre los beneficiarios de la justicia gratuita a las personas con discapacidad ví­ctimas de abuso o maltrato. Para cualquier otra defensa jurí­dica, las personas con discapacidad tendrán que pagar lo que merma profundamente la economí­a de este colectivo.

En todos estos casos, la gratuidad se vincula a los procesos que se deriven de esa condición de ví­ctimas. Hasta ahora se les garantizaba la defensa jurí­dica especializada de forma inmediata, pero el acceso a la justicia gratuita seguí­a los requisitos generales, por lo que, si no se les reconocí­a el derecho, debí­an abonar después los gastos generados.

Además, desde el mismo momento de interposición de la denuncia o en el asesoramiento previo dispondrán de atención jurí­dica especializada, mientras que los menores y las personas con discapacidad contarán con asistencia pericial especializada.

También serán beneficiarias de la justicia gratuita las ví­ctimas de accidentes que sufran secuelas permanentes, tanto cuando les impidan desarrollar su actividad habitual, como cuando requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más elementales. Ello les permitirá reclamar, con el beneficio de este derecho, por las indemnizaciones que les correspondan por los daños personales y morales sufridos.