El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció este lunes que su Ejecutivo ha decidido dejar sin efecto” la privatización de seis hospitales públicos, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de mantener la paralización del proceso de externalización, y aseguró que esta decisión no supone un fracaso a las polí­ticas que su Gobierno aplica en materia sanitaria.

González aceptó, además, la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, y anunció que su cargo lo ocupará el diputado regional del PP Javier Rodrí­guez, licenciado en Medicina y Cirugí­a y portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid. Rodrí­guez es médico especialista de Medicina Interna y de Nefrologí­a, catedrático de Patologí­a General de la Facultad de Medicina Complutense y jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

González dijo en rueda de prensa que con la paralización de los procesos de privatización acata y cumple la resolución judicial y añadió que “no parece razonable seguir con la externalización, ya que llevamos ocho meses sin tener definida la situación, y esta incertidumbre no la podemos mantener por más tiempo”. No obstante, dijo que el modelo que se intentaba acometer en estos hospitales es “legal y posible y se está aplicando en otras comunidades y en Madrid tenemos cuatro hospitales gestionados de esta manera”. González señaló que la decisión no supone un fracaso y defendió que, por el contrario, ha permitido generar un debate sobre la necesidad de hacer cada vez más eficiente el sistema público de salud.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo regional no va a introducir “ningún recorte”, pero añadió que seguirá “ajustando el gasto” en un servicio que, dijo, es de una extraordinaria calidad. Respecto a las posibles responsabilidades que asume con su decisión el Gobierno autonómico ante las empresas concesionarias, el presidente regional indicó que la resolución judicial paraliza el procedimiento, por lo que opinó que todas la partes tienen que acatar dicha resolución que, insistió, deja en suspenso todos los procesos de privatización.