La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Fí­sica y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid, denuncia la paralización de las ayudas económicas de la Comunidad de Madrid previstas en dos planes destinados a mejorar la accesibilidad de las edificaciones, cuya vigencia expiró en ambos casos a finales del pasado año sin que se sepa todaví­a, al menos hasta la fecha, si se prorrogarán en este 2013 o se abandonarán de forma definitiva.

Precisamente, uno de los planes de los que nada se sabe aún es el denominado ‘Plan Renove de Ascensores’, dirigido a estimular la instalación o renovación de elevadores y a promover, por tanto, la accesibilidad a inmuebles no solo para las personas con algún tipo de discapacidad, sino para todas aquellas que puedan beneficiarse de esta medida (colectivo de mayores o personas con movilidad reducida, entre otros). En referencia a esta última iniciativa, la Federación incide en que la paralización de este plan ‘repercute muy negativamente’ sobre el colectivo de personas con discapacidad, dado que ‘aboca a muchas a vivir con condiciones que dificultan su plena autonomí­a y las priva de poder gozar de una vida totalmente normalizada’. No obstante, FAMMA-Cocemfe Madrid recuerda que la falta de esta ayuda, desincentiva a otras personas que, sin tener dificultades de movilidad, quisiesen instalar un nuevo ascensor, lo que, a la postre, causa perjuicios a muchos otros ciudadanos (familias que usen habitualmente carritos de bebé o personas accidentadas o con muletas…). Todo ello, en opinión de la Federación, alimenta la falta de movilidad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, así­ como de las dependientes, actuando en detrimento de la integración y participación activa de estas personas en la sociedad.

Desde la propia empresa que colaboraba habitualmente con la Administración en la materialización de este plan indicaron a FAMMA-Cocemfe que ‘en principio no hay previstas ayudas de ascensores para este año’, dado que, si las hubiese, ‘a estas alturas ya no hubiésemos sabido’. También desde la propia Comunidad de Madrid apuntaron que nada se sabe aún de este plan, puesto que ‘todaví­a no se ha prorrogado para este año 2013’.
Por su parte, otra de las ayudas que impulsaba la Comunidad y que ahora está en entredicho es la destinada a promover la accesibilidad en viviendas interiores (‘Subvención para la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras en edificios’), dirigida a adaptar inmuebles, que se enmarcaba en un Plan de Fomento de la Accesibilidad. Precisamente, según reconocieron fuentes de la propia Comunidad de Madrid consultadas, esta iniciativa ‘depende de un plan estatal del Ministerio de Vivienda que no ha sido aún prorrogado’, por lo que, según indicaron desde el propio Gobierno regional, “todaví­a no sabemos qué ocurrirá este 2013”. Además, la propia orden que regulaba esta subvención hasta 2012 (Orden 4036/2011, de 21 de noviembre) recoge, de forma expresa, que se tendrán en cuenta las actuaciones subvencionables declaradas ‘hasta el 31 de diciembre de 2012, salvo que se establezca, en su caso, una prórroga de su vigencia’.

FAMMA-Cocemfe Madrid considera de ‘extrema gravedad’ que ayudas tan importantes como las mencionadas se estén dejando brindar a los interesados, puesto que la accesibilidad beneficia al conjunto de la ciudadaní­a en general, además de ser imprescindible para que colectivos que tienen alguna discapacidad (o mermada la movilidad por causas diversas) puedan gozar de una vida plena en igualdad de condiciones y derechos que otros ciudadanos.

En palabras de Javier Font, presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid, ‘las personas con discapacidad fí­sica en particular, así­ como el conjunto de los ciudadanos en general, resultan gravemente afectados si los estándares de accesibilidad no llegan a unos mí­nimos óptimos’. Por otra parte, Font repara en la necesidad de ‘poner en marcha de forma inmediata los sistemas de control y sanción que establece la Ley de Eliminación de barreras de la Comunidad de Madrid ya que, desde su existencia (1993), no ha habido ni una sola sanción en lo referente al incumplimiento de la norma y sí­, por el contrario, más de 300 denuncias tramitadas sin ningún éxito en su resolución a favor del colectivo’.