El comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, ha apremiado a los gobiernos de los Estados miembros a que acaben con los mecanismos legales que permiten la incapacitación jurí­dica plena de las personas con discapacidad intelectual.

En un artí­culo titulado “Las personas con discapacidad intelectual y psicosocial no deben ser privadas de sus derechos individuales”, Hammarberg aboga por dotar de más apoyos a los ciudadanos con este tipo de discapacidades para que puedan desarrollar derechos como el voto o decidir dónde quieren vivir.

Y es que, según el comisionado, los europeos con discapacidad intelectual o psicosocial están sometidos en muchos paí­ses a un régimen de tutela tan severo que les priva de su capacidad jurí­dica y que hace, por tanto, que a ojos de la ley no sean personas.

También en España la incapacitación es el mecanismo jurí­dico previsto para aquellos casos en que enfermedades o deficiencias persistentes de carácter fí­sico o psí­quico impiden a una persona gobernarse por sí­ misma. Esta resolución declarará la incapacidad total en el caso de que se aprecie que el demandado no es capaz de cuidar de su persona, ni de administrar sus bienes. En la práctica, un adulto es considerado como menor de edad que necesita la tutela de otra persona, como es el caso de muchas pacientes de parálisis cerebral.

Hammarberg insta a la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la mayorí­a de los Estados miembros. La convención establece en su artí­culo 12 que “las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurí­dica”. Y añade que “los Estados adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurí­dica”.