La tarea que realizan los centros especiales de trabajo (CET) con las personas con discapacidad de Cataluña se ve seriamente comprometida por la situación económica que viven la mayorí­a de entidades del sector. En conjunto, acumulan una deuda cifrada en más de siete millones, debido principalmente a la reducción de la subvención que el Estado abonaba a cada trabajador con discapacidad y al impago de las ayudas de la Generalitat a las entidades del Tercer Sector.

Las polí­ticas de austeridad se han convertido en una pesada losa para las personas más desfavorecidas. Si a los problemas de supervivencia de las entidades que acogen y dan trabajo a las personas con discapacidad le añadimos los recortes en las prestaciones, el incremento de los precios de los servicios que necesitan y el aumento de las dificultades económicas que afectan a familias enteras, el panorama es de un retroceso social de “más de tres décadas” para decenas de miles de personas.

Al menos, así­ lo ve la asociación Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat), organización sin ánimo de lucro que agrupa a más de 300 entidades que trabajan con este colectivo. A nivel presupuestario, las entidades estiman que han sufrido un recorte de 53 millones de euros a partir de los tijeretazos acumuladas del año 2012 y la prórroga de los presupuestos de 2013, lo que en conjunto consideran un retroceso de cerca de 30 años. A este recorte, además, se le suma la incertidumbre de posibles ajustes futuros si finalmente se aprueba un nuevo presupuesto para 2013: “Cada vez que la consejera [Neus Munté, de Bienestar Social y Familia] dice que nos quiere ver temblamos”, afirma Rosa Cadenas, presidenta de Dincat.

Dincat, que agrupa a la mayorí­a de entidades del sector, atiende a 31.000 personas con discapacidad intelectual y cuenta con 12.000 profesionales trabajando en sus entidades, de los cuales 5.500 son personas con discapacidad. Para Cadenas, las demandas principales del sector son que “las personas con discapacidad puedan ir a los centros ocupacionales, los centros especiales de trabajo o a las escuelas que eligen”. A pesar de reconocer que la situación es crí­tica, Cadenas apunta que “no puede ser que estas personas se queden en casa, sobre todo en el caso de los que salen de la escuela, porque no se amplí­an las plazas ocupacionales y de servicios asistenciales. Si a los Centros Especiales de Trabajo no entra gente es que se quedan en los Centro Ocupacionales, lo que provoca un bloqueo del circuitom que hací­a muchos años que no ocurrí­a”. En este sentido, los Centros Ocupacionales se consideran el paso previo -de formación e integración- a la entrada en los CET, a no ser que la persona tenga discapacidades severas.

Por último, los CET han sufrido una reducción de más de 30 millones de euros en los recursos destinados a crear y mantener el empleo de las personas con discapacidad, hecho que se está traduciendo en crecientes dificultades para hacer frente al pago de las nóminas de los profesionales que se encargan de la adaptación al puesto de trabajo.