La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado rechazó una moción de CiU que instaba al Gobierno “a impulsar, con la mayor celeridad posible, las modificaciones normativas necesarias para aplicar de forma inmediata las directrices contenidas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

En particular, la iniciativa, defendida en la Cámara Alta por Coralí­ Cuyant, pedí­a al Ejecutivo que lleve a cabo “la reforma de la legislación reguladora de los procedimientos de incapacitación judicial, que pasarán a denominarse procedimientos de modificación de la capacidad de obrar, para su adaptación a las previsiones de la convención”. Igualmente, el texto solicitaba “la adaptación normativa del ordenamiento jurí­dico para dar cumplimiento al artí­culo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurí­dica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida”.