La implantación de la Ley de Autonomí­a Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año, lo que deja la media nacional en un suspenso, con una nota de 4,38 sobre diez: el nivel más bajo desde diciembre del año 2009, según la Escala de Valoración Territorial que semestralmente realiza el Observatorio de la Dependencia.

Precisamente, esta escala, elaborada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, combina la puntuación de cero a diez que obtiene cada comunidad autónoma en doce indicadores, que van desde el número de beneficiarios respecto del total de población al equilibrio de prestaciones y servicios o el incremento del número de atendidos en los últimos doce meses. Así­, revela que la media nacional se encuentra en junio de 2013 al nivel más bajo de los últimos cuatro años, tras un descenso sostenido desde diciembre de 2011, cuando llegó al cinco. En junio de 2012 ya habí­a caí­do al 4,79 y, seis meses después, al 4,72. En junio de este año se sitúa en un 4,38.

No en vano, 13 de las 17 comunidades autónomas han experimentado retrocesos en el grado de implantación de la ley, que han sido especialmente agudos en Navarra, cuya puntuación ha caí­do de 7,1 a 5,8 en seis meses, aunque sigue por encima de la media, y Andalucí­a, donde el descenso ha sido de 5,4 a 3,8 en el mismo periodo incurriendo directamente en el suspenso. Les siguen en caí­da Castilla-La Mancha y Galicia, que pierden las mismas ocho décimas y se quedan con un 5; Madrid, que pasa del 3,8 a un 2,9 y las ciudades de Ceuta y Melilla, donde los niveles caen del 2,1 al 1,3. No obstante, también retroceden La Rioja, Cataluña, Extremadura, Asturias, Canarias, y Comunidad Valenciana (todas pierden un 0,4) y Aragón, que cae un 0,5. Mientras, Murcia y Baleares se quedan como están.

Por último, el ranking nacional de implantación sigue en lí­nea con el registrado en los últimos periodos analizados: en la cabeza están Castilla y León con un 9,6; Paí­s Vasco, con un 8,3 y La Rioja, con un 6,3 y a la cola figuran la Comunidad Valenciana, que tiene un 0,4 sobre 10; Ceuta y Melilla con su citado 1,3 y Canarias, con un 1,7. Sin embargo, se producen variaciones en función de los indicadores que se analicen. Por ejemplo, Canarias, es la comunidad autónoma con mayor lista de espera: el 51,8 por ciento de los dependientes que han sido valorados y tienen la prestación reconocida están esperando a recibirla. En la Comunidad valenciana esta proporción es del 38 por ciento y en Baleares, del 36.