Joaquí­n Trillo ílvarez, técnico jefe del írea de Educación del Defensor del Pueblo, pidió este miércoles a las administraciones una mayor apuesta por la educación inclusiva para todas las personas con discapacidad, “para dejar atrás la educación segregada”.

Así­ se manifestó Joaquí­n Trillo durante la segunda jornada del congreso internacional que se celebra en Valladolid con motivo del décimo aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para el representante de la institución dirigida por Soledad Becerril, “en ocasiones las administraciones, y me temo también que el personal que trabaja para ellas, no son muy sensibles a la necesidad de implantar por completo un sistema de educación inclusiva”. “Nosotros entendemos que la plenitud del derecho a la educación de las personas con discapacidad está vinculada a la educación inclusiva en centros ordinarios de su elección y de su entorno”, agregó. Por su parte, la presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (Cermin), Mari Luz Sanz, dijo que “la educación es el elemento más importante que tenemos para el futuro de las personas”, y advirtió de que el alumnado con discapacidad que tiene adaptaciones curriculares relevantes tiene muchas dificultades para poder cursar la Educación Secundaria. Por ello, declaró que “se necesitan planes de formación y sensibilización en materia de discapacidad para el profesorado”. En este sentido, la abogada Marí­a José Alonso explicó que la legislación actual tiene margen de mejora para avanzar en la implantación de un sistema único de educación inclusiva, y si bien reconoció que “los recursos son limitados”, avisó de que “esto no puede hacer que no se garanticen todos los derechos del alumnado con discapacidad”. Además, Rafael de la Puente, técnico del Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid, comentó que los paí­ses que han ratificado la Convención de la ONU deben cumplirla, e incluso puntualizó que “en ámbitos como en la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades se puede hacer más de lo que recoge la Convención”.