Las personas con discapacidad son objeto en España de violaciones “flagrantes” de sus derechos humanos, debido en gran medida a la “falta de voluntad” de los poderes públicos para erradicarlas.

Así­ lo refleja el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en su último informe difundido este lunes sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España. Este estudio, que cumple su octava edición, lo elabora el Cermi en su condición de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estatuto reconocido oficialmente al Cermi por el Estado español. El informe muestra que “la gran brecha en el cumplimiento de los mandatos de la Convención” tiene su origen en “la falta de voluntad polí­tica de los poderes públicos, así­ como en una insuficiente toma de conciencia por parte de todas las partes concernidas, pese a que España fue uno de los primeros paí­ses en firmar y ratificar este tratado internacional de derechos humanos”.

“GRAVíSIMAS CARENCIAS”. En el año 2015, siguieron “vulneraciones flagrantes ya denunciadas anteriormente, que se reiteran contumazmente”, señala el Cermi, que refiere entre ellas la esterilización forzosa, la negación de derechos polí­ticos y de participación, la ausencia de la educación inclusiva, las graví­simas carencias en materia de accesibilidad, la no garantí­a del derecho a la inclusión en la comunidad y a llevar una vida independiente, o la no adecuación de la legislación civil a los mandatos relativos al pleno reconocimiento de la capacidad jurí­dica de todas las personas con discapacidad. Como documentación, el informe incluye un apartado sobre el trabajo de Naciones Unidas en materia de discapacidad o la actividad del Cermi ante Naciones Unidas. “En el año del décimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se conmemora en 2016, queda de manifiesto sin ambages la tarea ingente aún pendiente para que los hombres y mujeres con discapacidad en España accedan y ejerciten los derechos humanos con la misma intensidad y alcance que el resto de miembros de la comunidad”, señala el Cermi en el informe.