CERMI Madrid acaba de iniciar una ronda de reuniones con los distintos grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid, entre los que se encuentran el PSOE, UPyD e IU-LV, con el fin de analizar medidas que sirvan para evitar la situación de “clara indefensión” en la que se encuentran muchos alumnos con necesidades educativas especiales que cursan estudios en centros públicos de la Comunidad, después de que el Ejecutivo regional haya prescindido de los profesionales con más experiencia en la atención a estos estudiantes, alegando que la última reforma laboral prohí­be encadenar contratos por obra y servicio por un perí­odo superior a los 24 meses.

El objetivo que persiguen estos encuentros, a los que asisten miembros del Comité Ejecutivo del CERMI Comunidad de Madrid, es el de buscar alternativas viables que permitan atisbar una solución al perjuicio que supone esta medida adoptada por la Administración regional, que es “claramente negativa para los alumnos y alumnas”, que vulnera los preceptos normativos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal (Liondau). Según ha manifestado ya el Comité, esto tendrá “consecuencias nefastas” para un colectivo de estudiantes tan vulnerable como es el del alumnado con necesidades educativas especiales.

En las reuniones con los distintos grupos parlamentarios se ha puesto de manifiesto que la medida adoptada por la Comunidad recientemente, coincidiendo con la vuelta a las aulas para muchos alumnos y alumnas, supondrá, en primer lugar, la imposibilidad de que se beneficien de la amplia experiencia asistencial que tienen estos profesionales, entre los que se encuentran Diplomados Universitarios en Enfermerí­a (DUEs), fisioterapeutas e integradores sociales, que atesoraban, en muchos casos, años de experiencia y que conocí­an ya a los menores, así­ como sus patologí­as y sus necesidades.

Asimismo, también acarreará que se incorporen nuevos profesionales y que resulte imposible realizar propuestas de intervención educativa a largo plazo, debido a la movilidad e inestabilidad laboral de los encargados de desarrollarlas, por lo que muchos logros alcanzados en el desarrollo educativo de estos menores se verán frustrados o, cuando menos, ralentizados. Durante el transcurso de estas reuniones, los distintos representantes de los grupos parlamentarios mostraron su “buena disposición” a proponer y debatir los “ajustes razonables” con el fin último, precisamente, de que los alumnos y alumnas con discapacidad no sufran las consecuencias de esta medida y para que, de idéntico modo, sus derechos fundamentales no se vean vulnerados.

Por otra parte, los miembros del Comité incidieron en que desde 1.999, año desde el que la Comunidad de Madrid tiene transferidas las competencias en materia de educación, la Administración regional no ha desarrollado normativa nueva que sirva de marco legislativo para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales por razón de discapacidad, lo que ha motivado que se hayan generado ví­nculos laborales precarios entre los profesionales de este ámbito y la Administración en lo referente a su contratación y a su reconocimiento.

Por último, se expuso a los miembros de los grupos parlamentarios que, para lograr una educación realmente inclusiva y de calidad, es preciso contar con los profesionales necesarios, en número, cualificación y experiencia para la atención al alumnado con discapacidad, y que la presencia y/o competencia de los mismos no puede verse comprometida, precisamente, por circunstancias económicas o sociales ajenas a las personas con discapacidad. De lo contrario, según indicaron los miembros de CERMI Madrid, se vulnerará lo establecido en el artí­culo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que contempla que “las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así­ como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley”.