CERMI Comunidad de Madrid celebra el reciente fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que condena a la Consejerí­a de Educación, que dirige la consejera Lucí­a Figar, por el despido el pasado mes de septiembre del personal de apoyo que atesoraba más experiencia en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) por razón de discapacidad en distintos centros educativos de la Comunidad de Madrid.

El Comité se congratula de que la sentencia dictada por el alto tribunal madrileño obligue ahora a la Administración regional a readmitir a los citados profesionales, que prestaban apoyo al alumnado con NEE en calidad de técnicos en Integración Social, diplomados Universitarios en Enfermerí­a (DUEs) y fisioterapeutas, de cuyos servicios la Administración regional decidió prescindir argumentando que la última reforma laboral no permite encadenar contratos temporales por obra y servicio por encima de un perí­odo de tiempo superior a los 24 meses.

CERMI Comunidad de Madrid, que tildó de “lamentable” en su momento la decisión de la Administración de prescindir de estos profesionales y que llegó a reunirse con los distintos grupos parlamentarios madrileños, con la Consejerí­a y a iniciar una serie de acciones para defender los derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales, muestra su satisfacción por el fallo judicial adoptado por el TSJM, puesto que declara la “nulidad radical” de las nuevas contrataciones y obliga a la Consejerí­a de Educación a deshacer el proceso incorporando a los mismos profesionales de los que prescindió y llamándolos “por riguroso orden de puntuación”, según figurasen en las bolsas de trabajo.

Cabe destacar que los profesionales afectados, según estimó Educación, son 140 trabajadores entre integradores, fisioterapeutas y enfermeros, además de otros 150 auxiliares de hostelerí­a y 60 auxiliares de control. Todos ellos, en virtud de este fallo judicial, que puede aún ser recurrido por la Administración, deberán ser readmitidos, tal y como han fallado los magistrados de la Sección número 2 de lo Social.

El Comité madrileño destaca que esta sentencia judicial permitirá evitar las graves consecuencias que acarrearí­a la decisión contraria a derecho adoptada por la Comunidad de Madrid a principios de septiembre, entre las que se encuentran: la pérdida de personal especializado para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, la incorporación de profesionales con poca experiencia que no conocen las rutinas y patologí­as de los alumnos y la dificultad de dar continuidad a las propuestas educativas que estaban en marcha.

Por último, la Consejerí­a de Educación, cuya consejera compareció el pasado mes de octubre en la Asamblea de Madrid y anunció una Oferta Pública de Empleo para dar solución a la situación, dio de baja a los trabajadores mencionados e ignoró las bolsas de trabajo legalmente establecidas. Para sustituirles, eligió a personas con menos experiencia. La medida afectó a 560 (el 80%) de los 700 profesionales que atendí­an a niños con NEE. En total, unos 1.500 escolares de hasta 6 años reciben este tipo de atención en la Comunidad de Madrid y se vieron afectados por la medida.