El presidente de la Plataforma de Tercer Sector, Luciano Poyato, ha señalado que la futura Ley del Voluntriado será una normativa “flexible” y “adaptada a la realidad social” del paí­s.

Según explicó Poyato en un encuentro informativo, el sector propuso al Gobierno una nueva Ley del Voluntariado “más moderna”, ya que la existente, que data de 1995, “estaba desfasada”. A su juicio, lo más importante en torno al desarrollo de esta nueva ley ha sido el proceso participativo. En este sentido, aseguró que se han presentado 410 enmiendas a este proyeto de ley, propuestas por organizaciones que trabajan con voluntarios, y “prácticamente todas han sido tenidas en cuenta”.

Indicó que en esta ley “ya no se habla de voluntariado de acción social, sino de voluntariado ambiental, educativo o sanitario. Es decir, se abren las puertas de donde puede intervenir el voluntariado”. También destacó que se trata de una ley “hecha por el ministerio de lo social, pero que puede dar legalidad a acciones que no son de lo social”.

Asimismo, se refirió al debate sobre la cobertura de puestos de trabajo con voluntarios e insistió en que “la ley dice que el voluntariado nunca puede amortizar puestos de trabajo”. Además, señaló que esta normativa “habla del derecho de las personas voluntarias a ejecutar acciones de voluntariado, pero también de sus obligaciones”.

Poyato aseguró que es una ley “flexible”, que pretende un voluntariado a la carta y “que cada uno dedique el tiempo que pueda a voluntariado” y que “obliga a las organizaciones sociales a tener gestores de voluntariado”.
También destacó que esta normativa es “un reconocimiento a cómo fomenta el mundo empresarial el voluntariado, como algo distinto a la responsabilidad social corporativa”. Finalmente, puso en valor que la ley se refiera al papel de la Administración Pública, “encaminado a fomentar el voluntariado y ayudar a gestionar los ciclos del voluntariado”. La Ley del Voluntariado, una de las principales reivindicaciones del sector, se paralizó en la Comisión de Secretarios y Subsecretarios, que preside la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamarí­a, por lo que se acordó posponer la aprobación. .