El Consejo de Gobierno de Andalucí­a aprobó ayer el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucí­a, que «consolidará» las polí­ticas autonómicas dirigidas a este colectivo de más de 700.000 personas en la comunidad, que tiene una memoria económica que supera los 1.300 millones de euros anuales y que, entre otras novedades, contempla la reserva de plazas en formación y empleo en la administración andaluza.

Según explicó ayer la consejera de Igualdad y Polí­ticas Sociales, Marí­a José Sánchez Rubio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el proyecto, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, acomete reformas en profundidad con el objetivo de «avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible, primando la garantí­a de derechos de igualdad de oportunidades más allá del enfoque asistencial». «De acuerdo con las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España, incorpora la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud, de manera que se actualiza así­ un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador», señaló Sánchez Rubio.