El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acaba de condenar públicamente las ‘muchas y firmes resistencias’ con las que a su juicio se encuentra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su aplicación práctica en España, cinco años después de su entrada en vigor.

Así­ se puso de manifiesto durante una reunión mantenida ayer por el Comité de Apoyo del Cermi para el desarrollo de su labor oficial como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención de la ONU en España, en la que se repasaron las trabas legales que ‘todaví­a persisten’, y la negativa de muchos poderes del Estado a promover reformas para adecuarse a la letra y al espí­ritu del tratado internacional.

A juicio de los representantes del Cermi, destacan aspectos ‘especialmente graves’ por ser ‘incompatibles’ con los compromisos internacionales asumidos por España al firmar y ratificar la Convención de la ONU. Entre ellos figuran la privación del derecho de voto para determinadas personas con discapacidad, el mantenimiento de la segregación por razón de discapacidad en la enseñanza y la ausencia del enfoque inclusivo en la reforma educativa que prepara el Gobierno.

Por último, también se puso de relieve en el encuentro la pervivencia de los internamientos forzosos por motivos de enfermedad mental o el no reconocimiento de la igualdad ante la ley en los casos de personas con discapacidad que precisan apoyo para la toma libre de decisiones.