El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) alertará sobre “la precariedad de los derechos de las personas con discapacidad en su dimensión de consumidores y usuarios y la necesidad de una más intensa protección contra las exclusiones, discriminaciones y abusos”.

Este mensaje será planteado por el Cermi en la jornada ‘Consumidores vulnerables, crí­ticos y activos en derechos’, organizada por Adicae hoy en Zaragoza y en la que se darán cita representantes de los grupos sociales sensibles desde el punto de vista del consumo. A juicio del Cermi, “las personas con discapacidad constituyen un grupo singularizado desde la perspectiva del consumo con necesidades y demandas especí­ficas que los poderes públicos y el mercado han de atender con arreglo a los principios de no discriminación, acceso universal y diseño para todas las personas”.

“Las administraciones públicas, en la esfera de sus respectivas competencias, deben dictar normas y promover iniciativas, programas y acciones que garanticen los derechos y las singularidades de los consumidores con discapacidad, con el fin de minimizar su condición de consumidores especialmente vulnerables”, indica el comité en una nota. De igual modo, agrega que la obligación de accesibilidad y seguridad a productos y servicios a disposición del público no solo vincula a los poderes públicos, sino también a todos los operadores privados que concurren en el mercado, y considera necesario que haya una armonización normativa para evitar que se produzcan diferencias por razón del territorio. Con este fin, cree que debe fomentarse la aprobación de normas uniformes, mí­nimos, estándares y códigos de buenas prácticas que orienten a los proveedores de productos y servicios en el desarrollo de su actividad. “La no discriminación y la satisfacción de las necesidades y demandas de las personas con discapacidad no debe ser sólo una obligación jurí­dica, exigible por los poderes públicos, sino que también es una ventaja competitiva, un valor añadido, un criterio de calidad y una oportunidad de negocio para las empresas, que éstas deben aprovechar”, indica la nota. “Las polí­ticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son un marco idóneo para que las empresas asuman la discapacidad como una dimensión cualificada de sus relaciones con los consumidores y usuarios”.