El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Parlamento su propuesta para reformar la regulación de la reserva de empleo público a favor de las personas con discapacidad en la Administración de Justicia.

El objetivo de esta propuesta es recoger en la normativa relativa a la Administración de Justicia la reserva del 2% de plazas ofertadas para personas que acrediten discapacidad intelectual, en los puestos que se determinen como más idóneos a sus capacidades, según establece la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Este porcentaje, según plantea el Cermi, se añadirí­a al 5% de reserva para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad que contemplan la Ley Orgánica del Poder Judicial y la orden sobre selección, propuesta y nombramiento de funcionarios interinos para cubrir puestos de funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

Por último, de esta manera, se llegarí­a a una reserva del 7% de empleo para personas con discapacidad en la Administración de Justicia, igual que existe en el resto de Administraciones Públicas.