Los Defensores del Pueblo del Estado han solicitado a las administraciones públicas que pongan en marcha una prestación económica para garantizar una ‘vida digna’ a las familias más desfavorecidas.

Asimismo, han reclamado que el presupuesto destinado a polí­ticas familiares se incremente en un 49,6 por ciento, con el fin de acercarse a la media europea. Estas propuestas han sido presentadas durante las Jornadas ‘Las familias y sus necesidades y retos en el actual entorno social y económico: respuesta de los poderes públicos’, que se celebran en Vitoria. El Defensor del Pueblo español y sus nueve homólogos autonómicos -esta figura tan sólo existe en algunas comunidades- han elaborado una declaración con diversas recomendaciones para mejorar la atención de las familias. El texto incluye un punto en el que se destaca que “el apoyo socioeconómico resulta esencial para todas las familias afectadas por la grave crisis” económica y que se encuentran en riesgo de exclusión social “severa”.

Ante esta situación, señalan que “los poderes públicos competentes deben procurar la existencia en toda España de una prestación económica, cuyo objeto sea cubrir las necesidades asociadas a una vida digna” y que esté ligada a la inserción sociolaboral. Actualmente, este tipo de prestaciones tan sólo existen en algunas comunidades autónomas. Las ayudas más significativas son las existentes en Euskadi y Navarra, dado que suponen más de la mitad de todo el presupuesto existente para este tipo de prestaciones en toda España.