A Belén, de 48 años y vecina de Santiago, cada dí­a que sale de casa le supone 40 euros: los que le paga a una compañí­a de ambulancias que, con la ayuda de una ‘silla oruga’, la baja hasta el portal de su edificio debido a sus problemas de movilidad.

Así­ pues, al coste de su terapia para luchar contra el avance de la esclerosis múltiple, a la que acude de lunes a viernes en la clí­nica Foltra, Belén tiene que sumar unos 800 euros mensuales únicamente para salvar las escaleras de su inmueble. Y es que, como ha explicado a Europa Press, “la inmensa mayorí­a” de la comunidad se opone a instalar un ascensor debido a que “casi todos los pisos están alquilados a estudiantes” y son sólo tres propietarios, incluida ella (que vive con su madre), los que residen en el edificio.

“Los dueños no tienen ningún interés en el edificio porque no viven aquí­, pero yo no estoy pidiendo lujos”, recalca, dolida con su “insensibilidad y egoí­smo”, tras haber recurrido a la Xunta, al Ayuntamiento de Santiago y a la Valedora do Pobo.

¿Qué dice la Ley?

La respuesta está en la ley, que obliga a instalar el ascensor aunque no exista acuerdo de la comunidad en caso de que lo requiera una persona mayor de 70 años o con una discapacidad. Eso sí­, siempre que el importe “no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes”.

En el caso de su edificio, el coste, entre el elevador y la obra, ronda los 100.000 euros, lo que supondrí­a a cada uno de los 18 propietarios desembolsar unos 5.500 euros que no parecen dispuestos a invertir pese a que –argumenta Belén– “incluso revaloriza” los pisos.