La unidad coordinadora de protección a personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía General del Estado (FGE) impulsó en 2002, como elemento de prueba, un protocolo de colaboración con las entidades bancarias para reforzar la comunicación en aquellos casos que haya una sospecha de un presunto abuso patrimonial a titulares con personas con discapacidad.

Por otro lado, en la memoria que se ha presentado, el Defensor del Pueblo, en calidad de Alto Comisionado de las Cortes Generales y mecanismo nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ha remitido a la unidad diversos informes como resultado de su actividad inspectora en unidades hospitalarias.

El año pasado se computaron un total de 51 expedientes de seguimiento de estos tipos de casos sospechosos. Lo que implica un incremento del 27,5%, en relación al ejercicio 2021, y comprende diversas actuaciones La coordinación de actuaciones de secciones especializadas subió un 23,52%; el seguimiento de quejas relativas a personas residentes en recursos sociosanitarios se incrementó un 33,33%, Solo uno de estos casos tuvo que ver con la pandemia. El resto de casos estaban relacionados con contenciones o sujeciones y otras conductas de presunto trato degradante.

Las cuestiones de accesibilidad y discriminación por razón de discapacidad crecieron un 21,56% en relación al año 2021; los asuntos de accesibilidad de la justicia subieron un 5,88% y las situaciones de abuso o desprotección patrimonial se incrementaron un 15,68%.