En 2019 se creó en España la Unidad Coordinadora de Protección a Personas con Discapacidad y Mayores. Esta fiscalía abrió el pasado año 40 expedientes a las administraciones por no garantizar la plena inclusión a personas con discapacidad. Las razones de estos expedientes son diversas: razones de accesibilidad y discriminación (34,14%), de accesibilidad de la justicia (7,31%), en coordinación de actuaciones de las secciones especializadas (36,58%) y por denuncia de situaciones de abuso o desprotección (14,63%).

Estos datos los presentaron en la apertura del Año Judicial y en este marco se inscribe el convenio de colaboración suscrito con la Confederación Plena Inclusión para favorecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

El informe recoge los problemas de los que ha tenido conocimiento la Unidad en relación con la accesibilidad y discriminación de personas con discapacidad en aspectos como el acceso a la educación inclusiva en centros ordinarios, de titulación en la enseñanza secundaria cuando el alumno ha tenido adaptación curricular significativa o en materia urbanística y de transportes.

En materia de accesibilidad a la justicia, la Fiscalía ha puesto en marcha la figura del facilitador, que necesita aún de desarrollo reglamentario, pues no está determinado el perfil ni la cualificación profesional que ha de tener. La carencia de la figura está siendo suplidas, reconoce la Memoria, por la actuación del tercer sector de acción social.