FAMMA-Cocemfe Madrid y su confederación nacional COCEMFE, en lí­nea con su permanente actitud de vigilancia y denuncia de las situaciones de injusticia que afectan a las personas con discapacidad y, especialmente, sobre el deficiente desarrollo de la Ley de Autonomí­a Personal y Dependencia, se unen a la campaña de captación de firmas consensuada con todo el movimiento asociativo de la discapacidad para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de reforma de dicha ley estatal.

Se pretenden lograr unos criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias. De este modo, FAMMA-Cocemfe Madrid y su confederación nacional COCEMFE apoyan la iniciativa puesta en marcha por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que bajo el lema “Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio”, pretende la consecución de las 500.000 firmas necesarias para que prospere la Iniciativa Legislativa Popular y la modificación del copago llegue al Congreso de los Diputados para su posible admisión y debate.

A juicio de FAMMA, en lo que respecta a la situación en la propia Comunidad de Madrid, se debe mantener, en cualquier caso, la gratuidad de “la prestación del servicio público por estancia o atención en centros de servicios sociales para personas con discapacidad (…)”, tal y como establece la propia Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en su disposición adicional segunda, al ser este un sistema totalmente diferenciado al de la dependencia.

Pese a lo establecido en la anterior normativa para la Comunidad de Madrid, la Federación reclama, no obstante, la modificación de los criterios estatales de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomí­a Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con el fin de que sean equitativos, justos e iguales, porque entiende que, en la actualidad, son “gravosos para las personas con discapacidad”.

Dichos ámbitos de actuación, autonómico y estatal, deben ser complementarios y nunca excluyentes, y velar por que se respeten siempre y en todo momento los derechos fundamentales y de autonomí­a personal de las personas con discapacidad.

La citada Ley estatal recoge, entre su catálogo de servicios, los de: Teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de dí­a y noche, atención residencial o cuidados personales. No obstante, especifica en su artí­culo 33 que “los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas”, lo que ha derivado en copagos discriminatorios e injustos.

El presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid, Javier Font, en relación a la normativa estatal, reitera que “es preciso que se incorporen garantí­as para que las personas con discapacidad gocen de una óptima calidad de vida, y para que se tengan en cuenta debidamente a aquellas que se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad social por los condicionantes económicos o familiares”.

Por su parte, teniendo en cuenta la singularidad de la Comunidad de Madrid, el presidente de COCEMFE, Mario Garcí­a, explica que “durante la crisis las personas dependientes se han visto obligadas a incrementar de media su aportación económica más de un 60% y la falta de una regulación para todo el paí­s nos ha dejado copagos muy dispares e inasumibles en muchos casos”.

Precisamente, la propuesta del sector de la discapacidad pasa por modificar el artí­culo 14 de la vigente ley estatal para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, así­ como el artí­culo 33, de modo que se establezca que quedarán exentas de copago las personas por debajo del siguiente umbral de capacidad económica: 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). También se pide que se fije la aportación máxima en el 60% del precio de referencia del coste del servicio y que se asegure un mí­nimo para gastos personales, que no sea inferior al 40% de la capacidad económica.

Por último, FAMMA anima a toda la ciudadaní­a a que se anime a apoyar la ILP mencionada, porque entiende que “está en juego el futuro de miles de personas” y porque, debido al envejecimiento poblacional, la consecución de mejores niveles de bienestar en este ámbito no solamente beneficiará a las personas con discapacidad, sino a muchos otros colectivos, como el de mayores.