La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid, muestra su profundo malestar con la decisión que adoptó la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de suspender el servicio de traslado y acompañamiento a clase para los alumnos con discapacidad, especialmente teniendo en cuenta que esta medida fue tomada a final de curso, de forma unilateral (sin consentimiento de los estudiantes), en pleno perí­odo de exámenes y sin ofrecerle a los estudiantes una alternativa viable.

Por ello, la Federación considera que el Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria de la UCM, que dirige Cristina Velázquez, el que deberí­a de velar por los intereses de los alumnos del colectivo, no tuvo reparo alguno, al igual que hizo a finales del pasado año, cuando suprimió el servicio de “apoyo sociosanitario” dirigido a los alumnos con discapacidad, en “dejar abandonados y a su suerte a los estudiantes del colectivo que cursan sus estudios en la Complutense”. Precisamente, una de las estudiantes afectadas, E.R.S., relató a FAMMA que “hay alumnos que han tenido que hacer uso de un taxi para desplazarse hasta la UCM”, después de que los becarios de la Oficina para la Integración de las Personas con Discapacidad de la Complutense, los que acompañaban a los alumnos del programa desde su casa a la facultad, y viceversa, fueran avisados por responsables de la UCM de que el servicio habí­a sido suspendido a finales de abril y de que no acompañarí­an más a los estudiantes.

Los argumentos ofrecidos por la UCM para proceder a suspender este servicio, asimismo, son, a juicio de la Federación y de los propios estudiantes, “meros pretextos”. En este sentido, tanto el colectivo de alumnos afectado como FAMMA rechazan las manifestaciones de la Complutense, que alega que dejó suspendido este servicio “en aras de la seguridad jurí­dica y para analizar si se ajustaba a la legalidad”. Tanto para FAMMA, como para los estudiantes, no es lógico que la UCM se plantee si un convenio se ajusta o no a la legalidad casi ocho años después de su entrada en vigor (en 2005), especialmente teniendo en cuenta que las bases que lo regulan contemplan todo tipo de aspectos legales, sobre todo los relativos al seguro obligatorio de quienes participan en el mismo (uno de los puntos que pone en cuestión la UCM).

Por todo ello, FAMMA considera que el Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria, en connivencia con la Oficina del Defensor del Universitario, no son más que los ejecutores de una polí­tica de recortes “sin sentido” fruto del desgobierno y de la mala gestión económica de la universidad. Como ocurrió con la anterior acción discriminatoria e inhumana de la UCM, cuando la Complutense suprimió el servicio de apoyo sociosanitario y provocó que los alumnos con discapacidad tuviesen serias dificultades incluso para poder acudir a los servicios, ahora, esta universidad “parece querer poner trabas a los alumnos con discapacidad para que no puedan finalizar su curso académico con garantí­as”.

Por último, FAMMA, que cree que detrás de esta actuación se encuentra la pésima gestión de la UCM a todos los niveles, reitera que no es casual que la UCM esté llevando a cabo actuaciones de semejante calibre de forma continuada, sin reparo alguno, provocando que los estudiantes con discapacidad queden relegados y excluidos de la Comunidad Universitaria.