La accesibilidad universal se convierte en muchas ocasiones en una quimera para las personas con discapacidad física hasta en los servicios más básicos. Un caso muy llamativo fue el de Cristina Chacón, usuaria de una silla de ruedas a motor. Cristina necesitaba una ambulancia para llegar al Hospital Universitario de A Coruña, pero cuando llegó se dieron cuenta de que la silla no cabía en ella y tuvo que trasladarse en taxi. “No podía dejar la silla allí porque no tenía a nadie cercano que la pudiera recoger. No sabía cuán grave era la situación y si me iba a tener que quedar ingresada o no”, comentó a RTVE.es.

Casos como el de Cristina son muy sangrantes porque impide el acceso a servicios básicos a las personas que utilizan silla de ruedas. Desde el colectivo de mujeres con discapacidad FRYDAS denuncian que “tenemos una ley de accesibilidad universal desde hace muchos años (2013) y se supone que es ilegal que un lugar público sea inaccesible, pero sigue ocurriendo en comisarías, etc.”. Por su parte el presidente de FAMMA, Javier Font, cree que el problema es más bien de las instituciones que de las personas: “Creo que falta mucha más conciencia por parte de la administración que por parte de la sociedad”.

Uno de los principales problemas que encuentran las personas con movilidad reducida que utilizan silla de ruedas es el transporte. Estaciones de metro y Cercanías que no son accesibles en silla de ruedas, rampas para bajar del autobús o del tren que no existen o están perpetuamente estropeadas… Desde CERMI aseguran que “vamos con mucho retraso” porque la Ley de Accesibilidad Universal marcó diciembre de 2017 como final del plazo para acometer las reformas, aunque es cierto que reconocen un avance importante en el transporte público urbano.

Otro problema en el transporte es el sector del taxi. En el último informe que elaboró CERMI junto a la Fundación ONCE, que data de 2017, destacaban que 6 de cada 10 ciudades no cumplían con el 5% de taxis adaptados que exige la ley.

Inversión en accesibilidad

Las empresas se defienden y aseguran que la inversión en accesibilidad universal es constante. Por ejemplo, desde Adif han mostrado algunas cifras y la compañía pública de infraestructuras ferroviarias asegura que se ha invertido una media anual de más de 12 millones de euros desde 2007 en la accesibilidad universal de las estaciones. Desde la propia empresa aseguran que el problema persiste en las estaciones “menos transitadas”, la de la España rural.

Ante esta falta de accesibilidad hay gente que pide, al menos, información sobre si el lugar es accesible o no. Este es el caso de Maite Blanco quien asegura que “como no hay información, tienes que hacerte un máster en Google Maps e Internet para buscarlo todos. Te vas a unas pozas a pasar el día y parece que te vas un mes a la India. Y, finalmente, por mucho que lo planees encima te puede pasar que haya una barrera que no esperas, como una valla en la carretera Por lo menos dame la información y me quedo en casa”.

El diseño de nuestro entorno marca la autonomía de los más de 2,4 millones de ciudadanos con movilidad reducida en España, que se sienten “ciudadanos de segunda”, según denuncia Margarita Cánovas, de FRYDAS, porque la accesibilidad sigue siendo la excepción. “A nadie le molesta una rampa, lo que sí molesta a varias personas son los escalones”, expresa en ese sentido Maite Blasco.