El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto con el nuevo Baremo para la Valoración y Calificación del Grado de Discapacidad que ha propuesto el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Reemplaza el baremo actual, vigente desde 1999, y actualiza los criterios para valorar el grado de discapacidad, tal como llevaban reclamando durante años las entidades de personas con discapacidad. Una de sus principales demandas era la agilización del proceso para que las personas con discapacidad puedan acceder de forma más rápida a sus derechos, que se conseguirá mediante la utilización de medios telemáticos.

El nuevo procedimiento cuenta con unos criterios más objetivos y está centrado en una perspectiva más social que médica, con un enfoque de derechos humanos, al considerar las barreras que una persona con discapacidad se puede encontrar en su vida diaria. Adopta el modelo de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se adapta a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Introduce un trámite de urgencia por causas humanitarias, de especial necesidad social, de salud o de esperanza de vida, como podrían ser las personas con enfermedades degenerativas, como la ELA. También podrían entrar en este proceso las mujeres víctimas de violencia de género. Además, la regulación indica que se debe garantizar el derecho de los menores con discapacidad a ser informados y escuchados sin discriminación por motivos de edad.

Otras novedades de la nueva regulación son la inclusión de representantes de la sociedad civil en la Comisión de Valoración de la discapacidad y la calificación de realidades que provocan discapacidad, como el autismo o las enfermedades raras.