Un estudio que ha elaborado la asociación de Derecho a Moris Dignamente (DMD) muestra que, desde junio de 2021, fecha en la que la ley entró en vigor, hasta diciembre de 2022, unas 307 recurrieron a la eutanasia en España.

Una escasa cifra que solamente apunta a la gran falta de recursos que tienen las personas con discapacidad. Según el informe existen tres grandes dificultades a la hora de aplicar el texto legal.

La primera de ellas, sería la falta de colaboración de las entidades privadas. La segunda es el mal manejo de la objeción de conciencia, usada como propaganda para no aplicar la ley. Y finalmente, la longitud de los plazos para atender la solicitud de eutanasia. Hay pacientes que tardan meses para recibirla.