Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía español, realizada para evitar los sobrecostes tras las concesiones de concursos públicos a empresas privadas, fija los precios por los que se ha concedido un determinado concurso no pueden ser revisados durante dicha concesión.

Lo que perjudica a empresas adjudicatarias de servicios básicos esenciales para la discapacidad como cuidados. Estas entidades manifiestan que les es complicado no subir los precios en momentos de alta inflación.

Un cambio de legislación que permitiera, en algunas circunstancias, variar el precio de los concursos públicos evitaría parte del daño que la inflación provoca en las empresas y los servicios que prestan.