El 4 de diciembre termina el plazo para que los edificios de viviendas eliminen las barreras arquitectónicas.

Las comunidades de propietarios han tenido cuatro años para sustituir las escaleras del portal por rampas, salva escaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la movilidad por las zonas comunes, así­ como la entrada y salida de la finca. Pero la triste realidad es que sigue habiendo gente que no puede salir de su piso porque esas escaleras siguen estando ahí­ o porque no cabe una silla de ruedas en el ascensor.

“En España, el 77% de los edificios no han eliminado las barreras arquitectónicas. Eso supone que solo el 23% son accesibles ””casi 2,3 millones””. Y de este porcentaje, solo el 2% posee un acceso desde la calle al portal que cumpla los criterios de accesibilidad universal, apenas 196.295 inmuebles”, según las estimaciones de Salvador Dí­ez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

Por contra, el número de personas con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo que supone el 8,5% de la población, según el INE. Algunos de ellos viven en una cárcel. Se calcula que en España existen 1,2 millones de edificios de viviendas construidos antes de 1981 que carecen de ascensor.

A todo ello que suma que el real decreto que obliga a eliminar los obstáculos antes del 4 de diciembre depende de otras normas que restringen su aplicación. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que han de ser solicitadas por el propietario de la vivienda en la que vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o que sean mayores de 70 años. Si alguno de estos dos colectivos no lo solicita, las comunidades de propietarios no están obligadas a realizarlas, un punto que dificulta la accesibilidad universal.

Además, las obras de accesibilidad son obligatorias para todos los vecinos cuando el importe, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, si el coste de la obra supera esas 12 mensualidades hay que convocar una junta de vecinos y aprobarlo por mayorí­a, en cuyo caso también obliga a todos los propietarios. Si se vota en contra, pero los solicitantes pueden pagar la diferencia de dinero, el resto de propietarios deben costear las 12 mensualidades que les corresponden.

Hay más razones: falta de recursos económicos y alta morosidad, tardanza en las concesiones de licencias o problemas de distribución y espacio en inmuebles antiguos.

Los edificios que han dejado atrás las barreras se han decantado por las soluciones más económicas. Las que más se realizan son la instalación de rampas de acceso al edificio y a otros elementos comunes y, en menor porcentaje, el ascensor o la sustitución del mismo, seguido de un elevador vertical o plataforma elevadora.

¿Qué pasará el 5 de diciembre? Las sanciones van desde 301 hasta un millón de euros.