El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) lamenta que haya 100.000 personas en este paí­s que no puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones europeas, que se celebrarán en mayo de 2014, por estar incapacitadas judicialmente por razón de su discapacidad o enfermedad mental.

Desde esta perspectiva, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del citado comité, ha pedido al Gobierno que reforme ya la Ley Electoral General y la adapte así­ a los requerimientos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artí­culo 29 apela al derecho al voto de este colectivo. En concreto, este artí­culo insta a los Estados partes a “asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida polí­tica y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas”.

Según ha explicado Pérez Bueno, el hecho de que en España haya 100.000 ciudadanos privados del derecho de sufragio se debe a que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el se les ha incapacitado judicialmente, lo que lleva consigo la imposibilidad de votar y ser elegidos en sufragios. “Son personas que están amputadas de una condición civil básica, que es poder votar, elegir y ser elegidos, por tener una discapacidad”, consideró el presidente de la plataforma representativa de la discapacidad en España.

Por último, a su entender, este comportamiento es “un prejuicio, un estereotipo y una desconfianza hacia lo que son las personas con discapacidad”, por lo que “tiene que ser extirpado de nuestro ordenamiento jurí­dico” mediante la reforma de la Ley Electoral General.