Una comunidad de vecinos de la localidad madrileña de Villaverde Alto se niega a instalar una plataforma elevadora en el acceso al portal del edificio donde vive un niño de tres años, A.R., que tiene discapacidad del 87%, con lesiones cerebrales, con ceguera, sin movilidad alguna y en situación de dependencia total de sus padres y de los medios de transporte apropiados para personas con discapacidad.

Así­ lo denunciaron hoy los padres del niño con discapacidad, Juan Vicente Rodrí­guez y Mª íngeles Huerta, que han sido acompañados por el abogado íngel Bravo, en una entrevista realizada en el programa ‘Gestiona Social’ de Gestiona Radio, en el que también participó el presidente de CERMI Madrid, Javier Font.  

Según denunció la familia del niño, tras distintas juntas vecinales, la comunidad “no sólo se niega a realizar la instalación de la plataforma que, además en un principio, se habí­a aprobado en una primera junta, según establece la propia ley, sino que decidieron desacordar la instalación y, a cambio, aprobar unas obras en el garaje de la finca para el cuidado de los vehí­culos de los vecinos y aprovechar esas obras para que dicho lugar sea el paso de acceso para nuestro hijo con discapacidad”.

Los padres, según han incidido, interpusieron una demanda el pasado dí­a 10 de abril ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid contra la comunidad de propietarios de dicho edificio, en la que solicita que se declare la nulidad de dicho acuerdo como medida para eliminar las barreras arquitectónicas que dificultan la accesibilidad a los portales y, por tanto, la paralización de cualquier gestión o acción relacionada con las obras relativas al pasillo perimetral interior (al que se accede por puerta peatonal junto a la del garaje) como medio de acceso para personas con discapacidad.

El presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font, intervino para apoyar a la familia y ha apuntado que este caso es “una condena, que, desde luego, no tiene que ver con la justicia”. Asimismo, ha confirmado que al CERMI llegan numerosos casos de este tipo, “donde existe una falta de sensibilidad, pero, según Font, “nos hemos dado cuenta que después, con el paso de los años, las personas que se habí­an negado rotundamente en poner instrumentos para facilitar esta accesibilidad, han tenido alguna circunstancia a lo largo de su vida por la que han tenido que recular y estar al lado de las personas con necesidades especiales”. Precisamente, para Javier Font, hay que tener en cuenta que, además, este tipo de obras de mejora de la accesibilidad “revalorizan la vivienda”, y es de “inteligencia humana” mejorar una arquitectura “que lo que hace es dificultar el acceso a las personas y su calidad de vida”.

Por otra parte, en relación a la Ley de Propiedad Horizontal, coincidió con el abogado de la familia, íngel Bravo, en que no es necesario cambiarla, pero sí­ que deberí­a establecer, según ha reconocido, quiénes deben pagar los costes de las obras realizadas por razón de accesibilidad. “Lo que tenemos que reclamar es que las medidas de accesibilidad no se negocian, se deben contemplar como una mejora que deben pagar todos los vecinos porque supone una mejora de la finca y de las condiciones de vida de las personas con discapacidad”, concluyó Font.